El gobierno cede ante los funcionarios y desbloqueará la jubilación parcial tras la reforma de 2025
Madrid, 19 de junio de 2025. La CSIF ha forzado al Ejecutivo a sentarse de nuevo en la mesa y fijar el 24 de marzo como la fecha tope para desatascar más de 14.000 jubilaciones parciales que el propio Estado congeló hace tres meses con la reforma de pensiones. La clave: un Real Decreto Ley que, por primera vez, admitirá relevistas temporales sin oposición previa, aunque después deberán presentarse a la oferta pública para hacerse fijos.
El truco legal lo encontraron los servicios jurídicos del sindicato cuando el Supremo les dio la razón en una sentencia que pasó desapercibida: la Administración puede contratar interinos de carrera siempre que la plaza se convoque en la siguiente tanda de empleo público. Traducción: el Gobierno tendrá que validar la plaza después de cubrirla, no antes. Un giro que rompe la doctrina de 2024 y que Función Pública ya ha trasladado por escrito a la mesa negociadora.
De la promesa rota al parche legal en 90 días
La reforma de abril de 2025 eliminó la jubilación parcial para los funcionarios sin avisar. El texto, redactado a medias por CCOO y UGT, olvidó que el relevo en la Administración exige un proceso selectivo y dejó a miles de empleados públicos colgados a meses de la edad de jubilación. El resultado: hospitales sin médicos de cabecera, juzgados con secretarios que acumulan tres veces su jornada y ayuntamientos que pierden a sus interventores sin relevo.
La cifra habla por sí sola: 6.800 jubilaciones parciales en sanidad, 3.200 en justicia y 4.100 en educación están en lista de espera desde enero. El coste de la espera: 1.200 millones de euros en horas extras y externalizaciones que el Estado abona a empresas privadas mientras sus propios empleados siguen en nómina sin poder marcharse.
El 11 de diciembre el ministro de Función Pública, Óscar López, recibió a la CSIF en su despacho y se comprometió a «buscar una solución técnica». Tres semanas después llegó el borrador del Real Decreto Ley que ahora se votará el 24 de marzo. El documento, al que ha tenido acceso este medio, introduce la figura del relevista transitorio: un contrato de tres años renovables que se extingue automáticamente cuando el titular cumple la edad ordinaria de jubilación y la plaza se saca a concurso.
El parche que deja fuera a los militares y a los jueces
La medida, sin embargo, no cubre a los militares profesionales ni al cuerpo de jueces, que siguen atados a la reforma de 2012. Para ellos, la jubilación parcial sigue siendo una quimera. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial calculan que 340 magistrados se han visto obligados a prorrogar su jubilación activa hasta los 70 años por falta de relevo. En el Ejército, la cifra supera los 1.900 coroneles y tenientes coroneles que no pueden acceder al 75 % de jubilación parcial que sí disfrutan sus compañeros de la Guardia Civil.
El acuerdo tampoco toca la reducción de jornada a 35 horas que CCOO y UGT firmaron en 2023 y que aún no se ha aplicado. El calendario oficial apunta al 1 de enero de 2026, pero la CSIF ya avisa: «Si el 24 de marzo no hay fecha concreta, retiramos la firma del convenio y convocamos movilizaciones». El sindicato calcula que la medida afecta a 2,3 millones de empleados públicos y supone un coste adicional de 3.100 millones anuales que el Gobierno aún no ha presupuestado.
El desbloqueo de la jubilación parcial, por tanto, es solo la primera pieza de un entramado que incluye la vuelta de la jubilación parcial para el personal estatutario de sanidad —congelada desde 2012— y la promesa de recuperar el 100 % de la pensión para quienes se jubilen antes de los 67 años. Promesas que, según la propia CSIF, «están en el cajón del ministro y dependen de que el Consejo de Ministros tenga valor de aprobar un decreto en plena precampaña electoral».
Mientras tanto, los funcionarios siguen marcando días en el calendario. El 24 de marzo será el primer test. Si el Gobierno incumple, la Central Sindical Independiente ya tiene listas las concentraciones frente a los ministerios y un recurso contencioso-administrativo que presentará ante el Tribunal Supremo el mismo día. La jugada está servida: o el Ejecutivo cede y abre la válvula de salida, o la Administración se queda sin sus veteranos justo cuando más falta hacen.